La Defensoría del Pueblo Nacional recomienda al Ministro de Energía que mantenga la bonificación del 100% del gas a los beneficiarios de la tarifa social

El Defensor del Pueblo de la Nación le recomendó al Ministerio de Energía y Minería de la Nación que se mantenga el esquema de la bonificación del 100% en el precio del gas para los beneficiarios de la tarifa social.

En mayo de este año fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución MEyM Nº 218/18, a través de la cual se dispuso la suspensión de la aplicación de los criterios de bonificación para los usuarios de la Tarifa Social establecidos en una resolución del año 2017, para los consumos de usuarios efectuados durante los meses de mayo y junio del corriente año

El Ombudsman Nacional solicitó que dicho Ministerio disponga las medidas necesarias para que se dejen sin efecto los arts. 4º y 5º de la Resolución MEyM Nº 474/17 que determinaban que la bonificación correspondiente a los beneficiarios de la Tarifa Social, prevista en la Resolución N° 28/16, iba a ser equivalente a: a) 100% del precio del gas natural o del gas propano indiluido por redes sobre el bloque de consumo máximo y b) 75% del precio del gas natural o del gas propano indiluido por redes sobre un bloque de consumo excedente del determinado en el apartado a), y cuyo volumen será igual al de dicho bloque de consumo base

En la Audiencia Pública del 15 de noviembre de  2017 convocada para tratar los precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y la modificación propuesta a la Tarifa Social, la Defensoría advirtió que la modificación efectivamente había tenido un impacto negativo entre los beneficiarios de la tarifa social.

Además, cabe recordar que el Objetivo 7 de la Agenda 2030 propone: “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” y la meta 7.1.: “De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”, así es que en cumplimiento de esta meta, para garantizar el acceso a los servicios públicos de gas y electricidad, las tarifas deben ser asequibles. Por lo tanto el precio del servicio debe considerar la capacidad de pago de los usuarios y los pagos no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes esenciales como alimentos, vivienda, educación o salud.

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