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Provincia de Salta
Medio Ambiente
19/12/2014

El Defensor del Pueblo destaca la eficaz respuesta de las autoridades provinciales por los desmontes en Salta

El Defensor del Pueblo de la Nación celebra la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 que permitían el desmonte en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques a solo pedido de los dueños de las fincas.

Meses atrás, el Secretario General, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, CPN Carlos Haquim, exhortó al gobierno de Salta a que “revise la normativa que permite las recategorizaciones prediales hacia menores categorías de conservación basadas en la discrepancia entre la escala predial y la cartografía del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobado y acreditado, de modo de garantizar el principio de no regresión en materia de protección de bosques nativos”. En otras palabras, pidió que se dejen sin efecto las normas que habilitaban recalificaciones de bosques y su posterior desmonte.

Asimismo, en la exhortación se pedía que se profundizaran los mecanismos de control y que se completara el Registro Nacional de Infractores a la Ley de Bosques, a la vez que se apliquen las máximas sanciones previstas en la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos Nº 7.543 para los propietarios que han realizado desmontes ilegales. También se solicitó impulsar medidas para la recomposición del ambiente dañado, incluidas la promoción de acciones judiciales por daño ambiental.

La violación de la Ley de Bosques en Salta fue cuestionada a su vez por la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Auditoría General de la Nación y por más de cien organizaciones sociales y expertos. Si bien es preciso aguardar los efectos en los bosques y en la vida de las personas y comunidades, resulta alentador que el Gobierno salteño, acatando lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, esté en proceso de revisión de su ordenamiento territorial actual de bosques nativos.

Por otra parte, de acuerdo a los considerandos del Decreto recientemente firmado, en dicha revisión se pone de manifiesto la necesidad de que se incorporen conceptos vinculados a áreas de valor de conservación, paisajes sustentables, entre otros temas que no estaban contemplados en el ordenamiento hasta ayer vigente.

En ese marco, una de las cuestiones que han sido valoradas y que resultan de gran relevancia para el trabajo del Defensor Nacional, es el propósito de incluir a las comunidades indígenas en las políticas vinculadas a la temática, al punto de que el Secretario de Derechos Humanos de esa provincia se reunió con personal de esta Institución para arribar a soluciones concretas con plena participación de las comunidades afectadas, del gobierno provincial y nacional, como de esta Defensoría. Con relación a los desalojos en la Ruta 86, dicho funcionario aclaró que las autoridades se han ocupado del tema con ayuda social (chapas, colchones, etc.) que se otorgó en el territorio que los desalojados ocupaban antes de marzo/abril de este año, en el cual tienen el acuerdo para permanecer. Además, puso en contacto directo al personal de la Defensoría con quien lleva a cabo el relevamiento, por medio de la expresa indicación de que, todo pedido que efectuase, se contestara a esta Institución.

Por último, cabe destacar la importancia otorgada a la participación de los diferentes actores, al proponer a las autoridades provinciales el establecimiento de un ámbito de consulta permanente y obligatoria, previa a la definición del dictado de nuevas normativas referidas a estos temas.