"; Defensor del Pueblo de la Nación

Defensor del Pueblo de la Nación

La Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica y su gerenciadora, Grupo BASA no cumplen las prestaciones de salud en favor de sus afiliados, denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación

Desde la llegada del primer caso de COVID 19 a la Argentina y con la sanción del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado por el DNU 297/2020, todos los actores del sistema de salud tuvieron que adaptar su estructura a la nueva realidad  y modificar su forma de atención para no descuidar las necesidades de todos los afiliados.

La Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica y su gerenciadora, Grupo BASA no cumplen las prestaciones de salud en favor de sus afiliados, denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación

 

Sin embargo algunos agentes del sistema de salud pareciera que han optado por tomar como excusa la pandemia para denegar sistemáticamente prestaciones de salud, dejando a su suerte a sus afiliados quienes a diario se ven en la imposible misión de lograr contactar a algún representante que pueda atender sus reclamos y solucionar las interrupciones injustificadas en la provisión de medicamentos y todo tipo de prestaciones de salud.

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha intervenido en cada uno de los reclamos que han ingresado a través de los mails, whatsapp y mensajes por redes sociales, advirtiendo una grave omisión en su deber de colaboración por parte de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica y su gerenciadora, Grupo BASA, quienes no responden a los teléfonos y mails promocionados en sus páginas webs como canales oficiales de contacto.

Por los motivos expuestos esta Institución Nacional de Derechos Humanos solicita a la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica y a su gerenciadora, Grupo BASA, que cumplan con el fin social para el que fueron creadas, brindando las prestaciones de salud que a cada afiliado le corresponde, pues su conducta omisiva, denegando prestaciones y desatendiendo los reclamos de los pacientes vulnera su derecho de acceso a la salud y, con ello, las garantías reconocidas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.

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